La violencia en la elección en México

En México estamos a poco más de 40 días de tener las elecciones más grandes de la historia del país. No solamente se decidirá la presidencia de la república, sino que además renovaremos ambas cámaras del Congreso Federal, 31 Congresos locales y 9 gobiernos locales y cientos de ayuntamientos. No es una elección pequeña, no es una elección fácil y la verdad es que no ha sido una elección en paz.

Hemos sido varias las personas que hemos denunciado desde hacia varios años el incremento en la violencia en los procesos electorales. Cada vez que se inicia un proceso electoral en nuestro país las y los candidatos no solamente se tienen que enfrentar al reto de convencer a la gente, armar un equipo de campaña y construir una narrativa coherente, sino que ahora tienen que arriesgar su vida por la constante violencia del crimen organizado en, prácticamente, todo el país.

Al momento de escribir esto han sido asesinadas alrededor de 30 personas candidatas en todo el país. No hay un patrón en común que las identifique más allá de que eran personas candidatas. Es decir, han sido asesinadas mujeres, hombres, militantes de la oposición, personas miembros de la coalición gobernante, candidatas y candidatos punteros, líderes de la diversidad y un largo etcétera que nos ha demostrado que en México el tratar de construir el país que sueñas puede traer sentencia de muerte. El problema ha sido ninguneado y minimizado por autoridades de todos los niveles y tristemente nos apunta a que, conforme se acerque el día de la elección, la violencia aumente en todas partes del país.

Durante mucho tiempo se ha sabido que México es un país en una crisis de violencia brutal que ha impactado la vida de millones. Sin embargo, el que esta crisis impacte directamente en el terreno político electoral tiene una consecuente mayúscula y trascendente ya que, a través de la violencia, es el crimen organizado el que estaría diciendo quien gobierno y no. En términos sencillos, la democracia mexicana se pone en riesgo cada vez que los grupos del crimen organizado deciden que pueden asesinar con impunidad a una persona que compite por un cargo público.

Si el gobierno no se toma el problema en serio y establece condiciones de gobernabilidad y paz, significaría que el Estado mexicano está activamente renunciando al cuidado de su sistema democrático. El que el gobierno de México decida así de fácil que el crimen organizado es el que puede y quitar gobernantes es algo triste, absurdo y que debería causar el mayor de los revuelos en la sociedad mexicana.

El crimen organizado no se detiene, comenzaron “haciendo acuerdos” con quien gobernara en donde querían operar, luego pasaron a una dinámica donde permitían competir a todo el mundo, pero a quien ganara le decían quien tenía que ser la persona encargada de la seguridad pública, luego designaban más personas en puestos claves como las finanzas y ahora quieren decidir quién está a la cabeza. No podemos seguir diciendo que México es una democracia cuando vivimos en condiciones como éstas y cuando, en los próximos tres años, tendremos autoridades que sabemos que llegaron a sus puestos, no por el mandato de las urnas, sino porque el crimen organizado pactó para que llegaran.

El ejemplo más claro es el estado de Michoacán. En donde en una elección muy cerrada para la gubernatura en 2021 se presentaron pruebas de cómo el crimen organizado operó para que el actual gobernador ganará. El entonces gobernador, Silvano Aureoles, quiso advertir al presidente Andrés Manuel López Obrador de la situación y llevó un archivo documental de pruebas hasta las puertas del Palacio Nacional y nunca fue recibido. El resultado es que ahora Michoacán se encuentra en uno de sus peores momentos, con asesinatos diarios, cobros de piso desmedidos, una crisis inflacionaria de productos básicos por los impuestos que cobra el crimen organizado e incluso una sequía de sus lagos por la voracidad de los grupos delincuenciales. El gobierno del estado no hace prácticamente nada porque justo ellos han sido sus aliados para llegar al gobierno y mantenerse ahí. El denunciar y hacer pública la crisis de seguridad y su impacto en las elecciones no es algo que busque sacar raja política o denostar a ningún partido. Es un acto de responsabilidad democrática que busca que todas las personas, sin importar su partido, tengan la oportunidad de luchar por el país que quieren construir.